¿Cuál ley mordaza?

En los últimos años se ha vuelto común escuchar que cualquier regulación sobre la difamación, la injuria o los excesos en las redes sociales constituye una "ley mordaza". Sin embargo, antes de asumir esa afirmación como una verdad absoluta, vale la pena preguntarse: ¿estamos protegiendo la libertad de expresión o estamos permitiendo el abuso de ella?

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Pero ningún derecho fundamental es absoluto. Como ocurre con el derecho a la propiedad, a la intimidad o al libre tránsito, la libertad de expresión encuentra límites cuando entra en conflicto con otros derechos igualmente protegidos por la Constitución, como el honor, la dignidad, la reputación y la vida privada de las personas.

Durante la última década el auge de las redes sociales transformó la comunicación pública. Hoy cualquier ciudadano puede informar, opinar y denunciar. Eso es positivo para la democracia. El problema surge cuando algunos utilizan esa plataforma no para informar, sino para destruir reputaciones, presionar funcionarios, fabricar escándalos o generar contenido basado en rumores, insinuaciones y "supuestos" con fines económicos.

Para algunos, tener un micrófono, una cámara o una cuenta con miles de seguidores se ha convertido en un negocio. La acusación pública genera visitas, las visitas generan dinero y el escándalo genera notoriedad. En ese contexto, no siempre prevalece el interés público; muchas veces prevalece el interés económico.

La sociedad ha sido testigo de denuncias formuladas sin pruebas concluyentes, imputaciones que luego no son confirmadas por las autoridades y campañas digitales que condenan personas mucho antes de que un tribunal determine responsabilidad alguna. Mientras tanto, el daño a la reputación ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

Frente a esa realidad, quienes defienden las disposiciones del nuevo Código Penal sostienen que no se trata de una ley mordaza, sino de una ley que establece consecuencias para quienes utilizan la palabra como instrumento de abuso. Argumentan que la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para difamar, injuriar, extorsionar o destruir el buen nombre de otros sin asumir responsabilidad.

Desde esta perspectiva, el verdadero peligro para la democracia no es la existencia de sanciones contra la difamación deliberada, sino la normalización de una cultura donde cualquiera puede acusar sin pruebas y luego escudarse en la libertad de expresión para evitar consecuencias.

Una democracia necesita periodistas críticos, ciudadanos vigilantes y medios independientes. Pero también necesita responsabilidad. La denuncia legítima debe ser protegida; la mentira deliberada no.

Por eso la discusión no debería centrarse en si existe o no una "ley mordaza". La verdadera discusión es cómo encontrar el equilibrio entre dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la protección de la dignidad humana.

Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde cualquiera puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Es aquella donde se puede hablar con libertad, pero también con responsabilidad.

Y ahí surge otra pregunta: ¿Es una ley mordaza exigir responsabilidad por lo que se dice, o es una garantía para quienes han sido víctimas de acusaciones irresponsables y campañas de descrédito?

Ese es el debate que realmente debe darse en la República Dominicana.