Defensa de Ángel Martínez recusa al juez que conocería medida de coerción por difamación contra Faride

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– La defensa del comunicador Ángel Martínez recusó al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tenía previsto conocer la solicitud de medida de coerción en su contra, tras la denuncia presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por presunta difamación a través de medios electrónicos y la producción o distribución de herramientas para cometer este tipo de delitos.

Según explicó su abogado, la recusación se fundamenta en que fue el propio juez Mejía quien declaró en rebeldía a su cliente, decisión que condujo a su arresto a su llegada al país en un crucero. Como consecuencia del recurso, la audiencia fue aplazada sin fecha definida, en espera de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional conozca y decida sobre la recusación.

Este proceso forma parte de las acciones legales emprendidas por la ministra Raful contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, a quienes reclama el pago de una indemnización de 100 millones de pesos por los daños y perjuicios supuestamente causados.

La solicitud de resarcimiento económico está contenida en las querellas con constitución en actor civil que fueron depositadas ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La representación legal de la funcionaria está a cargo del abogado Miguel Valerio Jiminián.

En las instancias, se solicita que Martínez e Ingrid Jorge sean condenados al pago de 50 millones de pesos cada uno, al considerar que incurrieron en los delitos de difamación e injuria, afectando la integridad moral de la ministra y de su familia.

Las querellas también solicitan la realización de todas las diligencias necesarias para completar la investigación de los hechos, conforme a lo dispuesto en los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal. Asimismo, la ministra se reserva el derecho de aportar nuevas pruebas y ampliar los cargos durante la fase preparatoria.

Martínez y Jorge son acusados de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal Dominicano. Las instancias, depositadas el pasado 30 de mayo, se fundamentan en acusaciones de difamación mediante la difusión de declaraciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.

Según se establece en los documentos legales, las afirmaciones carecen de fundamento y fueron realizadas con la aparente intención de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Raful.