Guido Gómez cuestiona presunto uso irregular de fondos de salud en caso SeNaSa

Santo Domingo.– El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, cuestionó el presunto uso irregular de fondos públicos destinados al sistema de salud en el marco del caso SeNaSa, al considerar que las acciones atribuidas a los imputados resultan moralmente reprochables por su impacto en los sectores más vulnerables del país.

Durante una intervención en un programa televisivo transmitido la mañana de este lunes, Gómez Mazara sostuvo que, de acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, los encartados habrían simulado operaciones no realizadas para justificar contrataciones multimillonarias, afectando recursos dirigidos a la atención médica de la población.

El funcionario afirmó que este tipo de prácticas explican el nivel de indignación que ha generado el caso en la opinión pública, al tratarse de fondos directamente vinculados al derecho fundamental a la salud.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de una eventual ampliación del expediente judicial, a la que denominó de manera informal como “SeNaSa 2.0”, aclarando que se trata de una apreciación personal y no de información oficial emitida por las autoridades competentes.

Imputados y medidas impuestas

Por el caso SeNaSa, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.

En tanto, a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica.

El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos, al sostener que existen suficientes elementos probatorios para sustentar las medidas de coerción impuestas.