Imputados del caso Senasa facturaban hemodiálisis a personas fallecidas, según el Ministerio Público

Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público reveló que parte del expediente de medida de coerción presentado contra diez imputados por corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) incluye la facturación de servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, así como la autorización de procedimientos médicos inexistentes y sobretratamientos con fines fraudulentos.

De acuerdo con la investigación, los acusados también incrementaban de manera irregular el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia a pacientes oncológicos y aprobaron cirugías y procedimientos cardiovasculares injustificados, incluyendo la colocación de stents, así como endoscopías y colonoscopías sin sustento clínico. Las autoridades sostienen que esta estructura operó durante varios años, causando un perjuicio millonario al sistema de salud.

El expediente señala igualmente que parte del dinero fue utilizado para adquirir bienes y crear un patrimonio ilícito, colocando propiedades y recursos a nombre de terceras personas para ocultar el origen de los fondos. La supuesta red involucra a exautoridades de Senasa, así como a proveedores del servicio de salud y representantes de empresas vinculadas.

Dentro de los imputados figuran el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, así como exfuncionarios y representantes del área de servicios, quienes habrían autorizado pagos irregulares mediante mecanismos internos creados con ese propósito. El Ministerio Público indica que se produjeron pagos masivos sin verificar que los tratamientos habían sido efectivamente prestados.

Según la acusación, el monto total del presunto desfalco podría ascender a más de 15 mil millones de pesos, recursos pertenecientes al sistema de salud pública que debieron destinarse a garantizar servicios médicos para la población afiliada. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso, argumentando la gravedad de los hechos, el alto volumen del expediente y el riesgo de fuga de los imputados.

Este martes, el juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazo wl conocimiento de la solicitud de medida de coerción a solicitud de la defensa que requirió mayor tiempo para estudiar el volumen de páginas y elementos probatorios aportados por el órgano acusador.