Juez Rigoberto Sena advierte que corrupción en SeNaSa afecta la dignidad del pueblo dominicano

El magistrado justificó la prisión preventiva al destacar la gravedad social del presunto fraude, el impacto en el sistema de salud y la existencia de una estructura organizada.

Santo Domingo.– Al imponer 18 meses de prisión preventiva en el caso SeNaSa, el juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fundamentó su decisión en la magnitud del presunto esquema de corrupción investigado y en el impacto directo que, a su juicio, tendría sobre la dignidad humana y el interés colectivo, al tratarse de recursos públicos destinados a la salud.

En su motivación, el magistrado sostuvo que procesos de esta naturaleza “trastornan profundamente el ordenamiento jurídico de la sociedad”, al tiempo que rechazó los argumentos de la defensa que cuestionaban la proporcionalidad de la medida y avaló la declaratoria de caso complejo, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Sena calificó el expediente como extremadamente grave, al considerar que las evidencias presentadas por el Ministerio Público apuntan a la existencia de una estructura organizada que habría operado mediante prácticas fraudulentas para desviar fondos de una institución que brinda cobertura a más de 7.5 millones de dominicanos, en su mayoría pertenecientes a sectores vulnerables.

El juez valoró como seria, profunda y detallada la investigación preliminar, destacando el volumen y la diversidad de las pruebas aportadas, que incluyen testimonios, peritajes, documentos, evidencias materiales y audiovisuales, algunas provenientes de personas que habrían tenido participación directa en los hechos investigados.

Imputados y medidas

La prisión preventiva fue impuesta contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes deberán cumplir la medida en los centros de corrección de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, con excepción de Hazim Albainy, quien fue enviado al centro penitenciario de Las Parras.

En tanto, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, tras acoger la solicitud del Ministerio Público de variar la medida de coerción, al valorar su colaboración con la investigación.

El juez explicó que, conforme a la Constitución y al Código Procesal Penal, únicamente el Ministerio Público está facultado para solicitar medidas de coerción en los casos de acción pública, y precisó que la variación concedida no responde a ningún acuerdo, sino a la evaluación de que estos imputados no representan un peligro para el proceso.

Con esta decisión, el tribunal estableció que existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva y continuar el proceso bajo la modalidad de caso complejo, otorgando un plazo de ocho meses al órgano persecutor para completar la investigación del expediente conocido como Operación Cobra.