La Tora y sus líos con la justicia

Santo Domingo, RD.– Claudia Pérez, mejor conocida como La Tora, es una figura que ha sabido ganarse un lugar en el debate público dominicano a fuerza de irreverencia, frontalidad y controversia. Pero ese mismo estilo le ha llevado en repetidas ocasiones a los tribunales, donde enfrenta procesos judiciales por presunta difamación e injuria.

Su más reciente enfrentamiento con la justicia involucra al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya, alias Gory, quien presentó una querella penal por presuntas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, tras declaraciones realizadas por la comunicadora en su programa.

El conflicto escaló cuando La Tora no compareció a una audiencia programada el pasado 30 de abril, argumentando públicamente que no asistiría. Como consecuencia, la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional la declaró en rebeldía, a solicitud de los abogados del legislador.

La situación alcanzó su punto más tenso el miércoles 8 de mayo, cuando Claudia Pérez fue detenida al llegar a una oficina ubicada en una plaza comercial en Los Jardines del hotel El Embajador. Agentes judiciales la trasladaron de inmediato al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le informó oficialmente de la orden de arresto.

Ese mismo día, el tribunal levantó la declaratoria de rebeldía y la dejó en libertad, fijando la continuación de la audiencia para el próximo 28 de mayo. Mientras tanto, el proceso penal privado sigue su curso.

Este no es el primer roce de La Tora con la justicia. En 2019 fue condenada por injuriar a la entonces fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En ese momento, tuvo que ofrecer disculpas públicas como parte de la sentencia.

A pesar de sus antecedentes legales, Claudia Pérez se mantiene firme en su estilo. A través de sus plataformas continúa opinando sobre figuras públicas, desafiando los límites de la crítica mediática y enfrentando las consecuencias legales que eso pueda conllevar.

En un país donde la libertad de expresión convive con normas sobre el honor y la reputación, casos como este reavivan el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores, el uso de los medios y los límites legales de la opinión pública.