Lidia Pérez propone cambios al Código Penal para blindar la libertad de prensa y prohibir la censura

La legisladora impulsa una reforma para eliminar la prisión por delitos de opinión y fortalecer las garantías de libertad de expresión, crítica ciudadana y ejercicio periodístico en la República Dominicana

Santo Domingo, D. N. – La diputada por la provincia Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, proteger el ejercicio periodístico y evitar que ciudadanos, comunicadores o medios de comunicación puedan ser sancionados penalmente por opiniones, críticas o denuncias de interés público.

La iniciativa forma parte de una agenda legislativa más amplia impulsada por la congresista para blindar las libertades fundamentales en el país. En ese contexto, se suma al Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa en la República Dominicana, depositado el pasado 6 de mayo.

Ambas propuestas persiguen un mismo propósito: garantizar que ningún dominicano sea perseguido judicialmente por opinar, denunciar irregularidades, cuestionar actuaciones de funcionarios públicos, ejercer el periodismo o participar en debates sobre asuntos de interés colectivo.

“La democracia necesita ciudadanos libres para expresarse y una prensa capaz de fiscalizar sin temor. Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien incurra en amenazas, chantajes o conductas verdaderamente dañinas debe responder ante la justicia, pero la crítica, la denuncia y el periodismo no pueden convertirse en delitos”, expresó la diputada Pérez.

La legisladora explicó que las modificaciones propuestas no eliminan las sanciones contra conductas ilícitas, sino que precisan su alcance para evitar interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Entre los principales cambios planteados figura la eliminación de las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y mecanismos de reparación proporcional. Asimismo, se incorpora el criterio de que, cuando las expresiones se refieran a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, solo exista responsabilidad si se demuestra que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.

La propuesta también modifica las disposiciones relativas al ultraje contra funcionarios públicos, eliminando cualquier posibilidad de sancionar penalmente expresiones críticas, opiniones, caricaturas, publicaciones periodísticas o manifestaciones ciudadanas. En su lugar, se mantienen sanciones para amenazas reales, graves y verificables.

De igual forma, las reformas precisan los tipos penales relacionados con el acoso, hostigamiento y ciberbullying, exigiendo que exista una conducta reiterada, grave e injustificada que provoque un daño real y demostrable. El proyecto excluye expresamente del ámbito penal las opiniones, críticas, sátiras y denuncias sobre asuntos de interés público.

La iniciativa conserva además sanciones severas contra el chantaje, la extorsión, las amenazas vinculadas a violencia o armas, y otras conductas que afecten la integridad de las personas, especialmente cuando se utilicen plataformas digitales, redes coordinadas o identidades falsas para causar daño.

“No estamos debilitando el Código Penal; estamos fortaleciendo su constitucionalidad y su seguridad jurídica. Un Código Penal moderno debe ser firme frente al delito, pero respetuoso de las libertades fundamentales que sostienen una sociedad democrática”, afirmó la congresista.

Pérez recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han recomendado de forma reiterada que los delitos relacionados con la expresión no sean castigados con penas de prisión.

La diputada informó que junto a la iniciativa depositó una matriz comparativa que detalla las modificaciones propuestas y sus fundamentos jurídicos, la cual será puesta a disposición de legisladores, gremios periodísticos, universidades, juristas, organizaciones de la sociedad civil y demás sectores interesados.

“Defender a las víctimas y proteger la libertad de expresión no son objetivos incompatibles. El país necesita reglas claras: sanciones para quienes amenacen, chantajeen o acosen de manera real, y garantías para quienes informan, opinan, denuncian o fiscalizan en beneficio de la sociedad”, concluyó Pérez.