Rosalba Ramos presenta al CNM su experiencia, formación y resultados verificables como aporte para la SCJ
Durante las vistas públicas para ocupar seis plazas en la Suprema Corte de Justicia, la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional abordó los retos que plantea el nuevo Código Penal, el uso de la inteligencia artificial en la justicia, la responsabilidad penal de las empresas y los criterios para la conciliación en casos de violencia
La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba de Jesús Ramos Castillo, planteó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que su experiencia de 20 años en el Ministerio Público, sumada a la formación adquirida y los resultados verificables, puede contribuir a enfrentar los desafíos que tiene por delante el sistema de justicia dominicano.
Al exponer durante las vistas públicas para la selección de seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, Rosalba Ramos explicó que aspira a ocupar una de las plazas disponibles y señaló que identificó como primer aporte su especialidad en materia penal.
En ese sentido, señaló que el sistema de justicia penal atraviesa una transformación a partir del nuevo Código Penal y los cambios introducidos al Código Procesal Penal, por lo que los dilemas que actualmente se discuten en las fiscalías llegarán eventualmente a la Suprema Corte de Justicia.
Ramos Castillo destacó que conoce ambas normativas desde su aplicación práctica y desde la enseñanza, experiencia que, según explicó, puede contribuir al análisis de los nuevos desafíos que enfrentará el sistema penal.
Como segundo aporte, destacó su formación como magíster en Derecho de los Negocios y su trabajo académico en materia de delitos económicos, aspectos que vinculó con su libro “El levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos”.
Sobre este particular, se refirió al artículo 8 del nuevo Código Penal, que introduce cambios en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Explicó que las sociedades comerciales deberán prepararse para este nuevo escenario mediante programas de cumplimiento, identificación de riesgos, canales de denuncia y mecanismos internos de respuesta.
La fiscal titular precisó que esta responsabilidad no opera de manera automática, sino que requiere establecer que existió una deficiencia organizacional que facilitó la comisión del delito y que la conducta produjo un beneficio para la empresa o para integrantes de su estructura.
Al abordar el nuevo Código Penal, Ramos Castillo valoró que la normativa actualiza el marco jurídico para responder a modalidades delictivas que no estaban contempladas de manera adecuada en la legislación anterior, vigente durante más de un siglo.
Señaló que el nuevo texto incorpora nuevas figuras delictivas y permite establecer respuestas penales que, en determinados casos, se corresponden mejor con la gravedad de los hechos.
La procuradora fiscal también fue consultada sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Al respecto, consideró que esta tecnología puede constituir una herramienta de apoyo para la búsqueda de información, la identificación de patrones y el manejo de estadísticas.
No obstante, sostuvo que la inteligencia artificial no puede sustituir al juez en la valoración de los casos ni en la motivación de las decisiones, debido a que estas funciones requieren ponderar las circunstancias particulares de cada proceso, los derechos involucrados y los principios jurídicos aplicables.
Otro de los temas abordados durante las vistas públicas fue la conciliación y los acuerdos en materia penal. Ramos Castillo explicó que estos mecanismos pueden contribuir a agilizar los procesos y optimizar los recursos del sistema cuando la legislación los permite.
Sin embargo, llamó a aplicar criterios de especial cuidado cuando se trate de hechos que involucren violencia, al considerar necesario determinar si la víctima se encuentra en condiciones de igualdad frente al agresor para tomar una decisión libre sobre una eventual conciliación.
“Prefiero perder un caso. Prefiero no hacer ningún tipo de acuerdo cuando la víctima no está en una posición de igualdad”, expresó Ramos Castillo, al referirse a la necesidad de evitar acuerdos que puedan colocar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
En ese contexto, planteó la importancia de fortalecer las herramientas de atención a las víctimas y de contar con mecanismos que permitan intervenir sobre las conductas violentas.
Como tercer elemento de su propuesta ante el CNM, Ramos Castillo puso a disposición su trayectoria de 20 años de servicio, formación y resultados verificables, así como la experiencia adquirida en la administración de cargas de trabajo, equipos y plazos.
La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional ingresó al Ministerio Público en 2006 y ha desempeñado distintas funciones, entre ellas coordinadora legal de la Procuraduría General de la República y fiscal titular interina de Santo Domingo Oeste.
En 2018, tras participar en un proceso competitivo, asumió como titular de la Fiscalía del Distrito Nacional y fue ratificada en 2023 para un segundo período. Desde esa posición ha dirigido una institución integrada por alrededor de 600 colaboradores y ha participado en la investigación y litigación de casos de alto impacto social.
Formación académica
Rosalba de Jesús Ramos Castillo es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Su formación de posgrado incluye una Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos por esa misma academia, una Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y una Maestría en Análisis e Investigación Criminal por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
Su preparación especializada también abarca estudios en liderazgo, gestión pública, investigación criminal y seguridad. Entre ellos se destacan la Especialidad en Liderazgo para la Gestión Pública de BARNA Management School, la Especialidad en Seguridad e Inteligencia para la Defensa del CESTE Centro Universitario de Zaragoza, España, así como la Especialidad en Ciencias Penales Aplicadas al Ministerio Público, desarrollada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en coordinación con la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Asimismo, ha fortalecido su formación mediante diplomados, seminarios y programas de capacitación nacionales e internacionales en áreas vinculadas a la persecución penal, investigación criminal, criminalidad organizada, lavado de activos, litigación de casos complejos y protección de derechos fundamentales.
Actualmente desarrolla una tesis doctoral en el marco del programa Sociedad Democrática y Estado de Derecho, impulsado por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una iniciativa académica orientada al análisis de los desafíos contemporáneos de la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho.
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