Son 28 los arrestados en segunda etapa de Operación Cobra por presunta corrupción en SeNaSa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público puso en marcha este viernes la segunda etapa de la Operación Cobra, denominada Operación Cobra 2.0-A, mediante la cual fueron arrestadas al menos 28 personas vinculadas, según las autoridades, a una estructura que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por miles de millones de pesos.

Como parte del operativo fueron realizados 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, informó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.

En las acciones participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. La investigación también contó con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.

De acuerdo con Camacho, esta nueva fase busca ampliar el proceso iniciado con la Operación Cobra, mediante la cual las autoridades desmantelaron una estructura que, presuntamente, se aprovechó de sus posiciones dentro de SeNaSa para sustraer fondos públicos.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego. El Ministerio Público indicó que entre los nuevos objetivos de la investigación figuran médicos y otros vinculados al sistema de salud que, de acuerdo con las pesquisas, habrían participado en maniobras fraudulentas contra la ARS estatal.

Los procesados en la primera etapa

En la primera fase de la Operación Cobra fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla de la estructura investigada.

También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Hazim Albainy y los demás procesados.

En tanto, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que su prisión preventiva fuera variada el pasado 16 de julio por razones de salud.

El proceso también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes en diciembre recibieron medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez permanece bajo prisión preventiva por 18 meses, medida que le fue ratificada el pasado 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Según la acusación, a los procesados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Ministerio Público sostiene que durante la investigación fueron identificadas presuntas maniobras que incluían sobornos a gran escala, alteración de estados financieros y la creación de programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer recursos.

Investigación alcanza al sector salud

Las autoridades sostienen que el esquema investigado habría operado mediante la participación de funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud.

El Ministerio Público señala que las maniobras habrían afectado directamente los recursos destinados a los afiliados de la ARS estatal, aunque las imputaciones deberán ser determinadas en el proceso judicial correspondiente.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el caso, el Ministerio Público también ejecutó en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas vinculadas, según la acusación, a un esquema fraudulento que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y a SeNaSa.

Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones administrativas y de auditoría en el patronato.

El caso fue declarado complejo por la justicia de Santiago. Lora Cruceta y Guzmán fueron enviados a prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.

Presunto fraude con medicamentos y servicios

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación de Onco14 identificó presuntos mecanismos de fraude clínico y farmacéutico, entre ellos cambios en indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.

Las autoridades también investigan la presunta venta de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales para el contrabando, tráfico de sustancias controladas y otras operaciones que habrían permitido distraer recursos.

El expediente incluye además alegaciones sobre el uso de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para realizar cirugías estéticas, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, así como presunto sabotaje digital y sustracción de archivos.

El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían utilizado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para distraer recursos y cobrar a SeNaSa por servicios y medicamentos que, según la investigación, no habrían sido entregados a pacientes del Oncológico de Santiago.

También forman parte de las pesquisas los presuntos pagos irregulares de salarios, viáticos y otros beneficios a personas vinculadas a las entidades investigadas.

La nueva etapa de la Operación Cobra busca ampliar las investigaciones sobre el presunto entramado y llevar ante los tribunales a las personas que las autoridades consideren responsables de las operaciones fraudulentas detectadas.

El Ministerio Público continuará presentando ante la justicia los elementos recopilados durante las investigaciones, mientras corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.