Nueva fase del caso SeNaSa alcanza a médicos y otros prestadores de servicios de salud

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público puso en marcha una nueva fase de la investigación sobre el entramado de corrupción vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que alcanza a médicos y otros prestadores de servicios de salud.

La Operación Cobra 2.0-A incluye el arresto de 28 personas y la ejecución de 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

Los equipos del Ministerio Público ocuparon dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes durante los operativos, como parte de las diligencias dirigidas a establecer responsabilidades penales y recuperar recursos sustraídos al patrimonio público.

En esta etapa participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También intervino la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.

La investigación está a cargo de equipos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto a otras unidades del Ministerio Público.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, explicó que esta nueva fase da continuidad a la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual fue desmantelada una estructura que, según el órgano acusador, se aprovechó de SeNaSa para sustraer miles de millones de pesos.

Investigación alcanza a prestadores de servicios de salud

Entre las líneas investigativas se encuentran mecanismos relacionados con el fraude clínico y farmacéutico, incluyendo cambios en indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.

El Ministerio Público también investiga otras prácticas vinculadas a la utilización irregular de recursos y servicios de la ARS pública, como programas especiales sin sustento jurídico y maniobras utilizadas para distraer fondos.

De acuerdo con la investigación, estas actuaciones habrían afectado los recursos destinados a los afiliados de SeNaSa y al sistema público de salud.

A los procesados de la primera etapa del caso se les imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Antecedentes del caso

En la primera etapa de la investigación, denominada Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado.

También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados.

Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que su medida de coerción fuera variada por razones de salud el pasado 16 de julio.

El proceso también alcanza a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez se encuentra bajo prisión preventiva por 18 meses, medida que fue ratificada el pasado 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Operación Onco14

Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas vinculadas a una investigación sobre el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

El caso fue declarado complejo en Santiago. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones de Cobra 2.0-A y sus líneas relacionadas continúan con el propósito de determinar la participación de los involucrados, fortalecer la evidencia y procurar las sanciones correspondientes conforme avance el proceso judicial.