Titular de la Pepca sobre imputados en Operación Lobo: “aquí están los sobornantes y los sobornados”

El Ministerio Público concluyó solicitud de coerción y pide prisión preventiva contra implicados en red de corrupción militar y civil

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Aquí están los sobornados y los sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de justicia”. Con estas palabras, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reafirmó la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público contra los imputados en la Operación Lobo, tras concluir este lunes la presentación de su solicitud de medida de coerción.

Ortiz enfatizó que, a diferencia de otros procesos judiciales en los que se cuestionó la falta de equilibrio en los expedientes, en este caso están debidamente identificadas las dos partes de la cadena de corrupción: “Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”.

El equipo de fiscales que participó en la audiencia estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a Mirna Ortiz, y los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

El Ministerio Público solicitó al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva contra los imputados, debido a la gravedad de los hechos, y que se declare el caso como complejo.

Por lo avanzado de la hora, el juez Sena recesó la audiencia para continuar este martes 15 de julio, a las 2:00 de la tarde.

La Operación Lobo fue ejecutada esta semana como parte de los esfuerzos del Ministerio Público para desarticular redes de corrupción que afectan instituciones públicas. La investigación involucra a una estructura integrada por militares y civiles que utilizaban esquemas de sobornos para obtener y mantener contratos, especialmente en el sector de seguridad privada.

Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal afectó el funcionamiento y la transparencia de instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los implicados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que sanciona la corrupción administrativa.

En materia de lavado de activos, los cargos se sustentan en los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.